El Gobierno nacional eliminó 13 programas de género y diversidad creados entre 2020 y 2023

El Gobierno nacional oficializó este viernes el cierre de 13 programas orientados a políticas de género, diversidad y asistencia ante violencias, creados entre los años 2020 y 2023 por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, hoy disuelto. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y anunciada por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien argumentó la decisión en la “falta de resultados medibles” y el objetivo de reducir el gasto público.

Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito "MenstruAR”.

Los 13 programas que eliminamos son:
1. Menstruar.
2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.…

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) May 16, 2025

Según estimaciones oficiales, la eliminación de estas iniciativas representará un ahorro anual de más de $6.000 millones. Entre los programas clausurados se encuentra el Programa Nacional Menstruar (MenstruAR), que garantizaba el acceso gratuito a productos de gestión menstrual a través de políticas con enfoque de salud, equidad y sustentabilidad, en articulación con municipios de todo el país.

Retroceso en derechos y cobertura estatal

La decisión forma parte del plan de achicamiento del Estado que impulsa la administración de Javier Milei, bajo la consigna de eliminar lo que consideran estructuras “ideologizadas” y que no generan “valor comprobable”. En esa línea, Cúneo Libarona celebró el cierre:

“El cierre de estos programas ideológicos se encuadra en el compromiso que asumimos junto al Presidente Javier Milei de achicar el Estado, reducir el gasto público y dar más libertad a los argentinos”.

El ministro, que ya ha manifestado públicamente posturas críticas hacia las políticas de género —a las que llegó a calificar como un “gran negocio” usado como “arma extorsiva”—, defendió la supresión de estas iniciativas por su supuesta ineficiencia y falta de impacto medible.

Sin embargo, diversas organizaciones sociales, feministas y especialistas en políticas públicas advirtieron sobre el riesgo social que implica la medida, especialmente para poblaciones vulnerables en territorios donde el Estado nacional era el único actor de asistencia directa. También remarcaron que muchos de los programas cumplían funciones de acceso a derechos básicos, fortalecimiento territorial y promoción de la equidad, con presencia federal en distintas provincias.

Los programas que fueron dados de baja

Los 13 programas eliminados eran:

1. Programa Nacional MenstruAR
2. Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario
3. Programa Nacional Articular para el Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Género y Diversidad
4. Programa Nacional Generar
5. Programa de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en Contexto de Violencia por Motivos de Género
6. Programa Nacional Igualar, para la igualdad de género en el trabajo, el empleo y la producción
7. Programa Producir, de apoyo a proyectos productivos de personas LGBTI+
8. Programa Sembrar Igualdad, para la inclusión con perspectiva de género en el desarrollo rural
9. Programa de Apoyo Urgente ante Casos de Violencia Extrema por Motivos de Género
10. Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero
11. Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios”
12. Programa de Capacitación para el Sector Privado “Formar Igualdad”
13. Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad

Futuro incierto para personal y beneficiarios

Hasta el momento, no se ha informado qué sucederá con el personal técnico, administrativo o territorial que trabajaba en los distintos dispositivos vinculados a estos programas, ni con los beneficiarios que accedían a estos derechos a través de su implementación.

Mientras desde el Gobierno sostienen que se revisarán “todas las estructuras que no generen impacto comprobable”, organizaciones de género ya anticipan que estas decisiones podrían tener un efecto regresivo en términos de equidad de género y derechos humanos, con mayor impacto en zonas rurales o periféricas, donde el Estado nacional era el único canal de acceso a estos programas.