El Gobierno Nacional transfirió a las provincias la responsabilidad sobre las personas en situación de calle

Este lunes, el Gobierno Nacional oficializó la descentralización de la atención a personas en situación de calle, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 373/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida redefine el rol del Estado Nacional, que dejará de tener una responsabilidad directa en el abordaje de esta problemática y pasará a actuar únicamente como ente rector de lineamientos generales.

Según la nueva disposición, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán asumir la ejecución directa de las políticas de atención y contención de las personas en situación de calle o en riesgo de perder su vivienda. En tanto, el Estado Nacional “podrá contribuir mediante apoyo económico y técnico” solo si una jurisdicción demuestra que no cuenta con los medios necesarios para garantizar esos derechos por sí misma.

Principio de subsidiariedad y enfoque “multidimensional”

El decreto plantea que la situación de calle es un fenómeno de “carácter complejo y multidimensional”, que varía de acuerdo a la realidad social, económica y geográfica de cada región del país. En ese marco, se apoya en el principio de subsidiariedad, según el cual la Nación interviene solo en caso de que los gobiernos locales no puedan cumplir eficazmente con su rol.

“La atención de estas personas exige un esfuerzo concurrente y coordinado entre el Estado, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Las competencias son concurrentes y deben guiarse por los dictados del principio de subsidiariedad”, indica el DNU.

El texto modifica la Ley Nacional N° 27.654, sancionada en 2021, que tenía como eje central la protección integral de los derechos de las personas sin techo o en riesgo habitacional. Esta ley promovía la creación de dispositivos de asistencia, programas habitacionales y la articulación de políticas de salud, empleo, documentación y acceso a la justicia.

¿Qué rol tendrá Nación?

Con la nueva reglamentación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, será la autoridad nacional encargada de:

• Definir lineamientos generales de política pública en la materia.
• Asignar recursos económicos y técnicos a las provincias y municipios que lo soliciten.
• Coordinar estrategias nacionales en caso de emergencia o cuando los niveles locales no puedan actuar por sí solos.