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Legisladores del peronismo cordobés consideraron “disparatado” el ajuste que Milei exige a las provincias

En un documento, los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge, además de la senadora Alejandra Vigo, alertaron sobre la insistencia de los recortes que plantea el Gobierno nacional, porque tendrán con consecuencias “devastadoras”, y empeorando la situación de los más vulnerables.

fecha 18 de Septiembre, 2024

En un documento, los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Natalia de la Sota, Alejandra Torres y Juan Brügge, además de la senadora Alejandra Vigo, alertaron sobre la insistencia de los recortes que plantea el Gobierno nacional, porque tendrán con consecuencias “devastadoras”, y empeorando la situación de los más vulnerables. “Es insostenible y fuera de toda lógica el ajuste de 60.000 millones de dólares”, aseguraron en el comunicado.

«El ajuste que el Presidente pretende que hagan las provincias es disparatado», arranca el documento que firman los diputados nacionales Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Alegandra Torres, Ignacio García Aresca, Juan Brugge y la senadora nacional Alejandra Vigo.

«Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB)», continúa la declaración crítica al anuncio de Javier Milei del domingo, cuando presentó en el Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2025. .

En otro párrafo del comunicado conjunto de los legisladores por Córdoba, se indica: «Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial. Esto significaría, en términos prácticos, que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas«.

El documento concluye: «Cualquier debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público es válido, pero proponer una reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad. Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país».

Foto: gentileza Puntal V.María

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